He asistido la semana pasada a unas Jornadas sobre Urbanismo. Me interesó mucho la ponencia sobre los delitos urbanísticos expuesta por el Fiscal de Delitos Medioambientales de Andalucía. Pudimos oír cómo los propietarios de suelo no urbanizable se las arreglaban para construir en ellas casas, chalés y mansiones. Pero los únicos infractores no eran los dueños, sino los constructores sin proyecto ni licencia, algunos notarios que escrituran parcelas en suelo rústico que luego no se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad, o alcaldes que cobran el IBI y otros gravámenes para enderezar las cuentas consistoriales.
Aquí todo el mundo estaba al corriente de lo que estaba pasando, pero se ha dejado hacer. ¿En qué ayuntamiento no se sabía que las licencias para construir una nave en una pequeña eran para una vivienda? Pero esto también era conocido en las demás administraciones. Veo bastante injusto que se esté juzgando a ciudadanos como autores de delitos contra la ordenación del territorio. Ya que siempre ha existido una connivencia de todos los que deberían haber vigilado. Igual que es injusto imputar al que ha comprado de buena fe una vivienda construida ilegalmente, adoptando el Juzgado diversas medidas cautelares como el precinto del inmueble o el corte de los suministros de agua, luz y gas.
El correo de Andalucía,16 de abril de 2007.
