Uno de nuestros últimos casos del que se ha hecho eco la prensa ha sido el de Rigoberto Artiles. Con él hemos interpuesto una querella contra parte del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla. Los delitos incluidos en la querella son prevaricación, falsificación documental y estafa procesal.
El pasado 21 de junio realizamos una rueda de prensa, explicando todos los detalles de este caso. De él se han hecho eco medios de comunicación, como el diario ABC, La Vanguardia o El Confidencial, entre otros.
En este caso, la querella ha sido interpuesta al haber sido retirada la custodia de sus 5 hijas hace tres años de forma irregular, según nuestro criterio. Por entonces estas eran menores de edad todas ellas, ahora ya son solo 3 de sus hijas. Dicha retirada se produjo tras el envío por parte de la exmujer, de varias cartas a los Servicios Sociales y al Equipo de Protección del Menor. En ellas se acusaba a Rigoberto de maltratador y de propiciar en su hogar un ambiente negativo. Rigoberto habia sido absuelto anteriormente de otras denuncias por sobreseimiento o falta de indicio de delito.
Las cartas fueron aceptadas como buenas por el Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla y por la Junta de Andalucía. Además, se aceptaron informes de la trabajadora social y del psicólogo del centro de acogida poco fundamentados. Estos fueron realizados después de entrevistas de tan solo quince minutos y una única visita puntual al domicilio familiar. La exmujer se encuentra en estos momentos en paradero desconocido.
Los delitos incluidos en la querella son prevaricación, falsificación documental y estafa procesal.
Por nuestra parte, consideramos que una resolución de tal gravedad como el desamparo no debe realizarse en base a meras alegaciones del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla. Por otro lado, en ningún momento, otorgaron al padre la posibilidad de cambiar aquello que, según ellos, no era adecuado.
Rigoberto, piensa que interponiendo la querella pueda recuperar la custodia de sus hijas menores para que las 5 hermanas. Su objetivo es que puedan estar juntas otra vez. Actualmente no puede ver a sus hijas desde el pasado 5 de agosto de 2014 por imposición de la Junta. De las cinco hijas, una de 18 años vive ahora con su padre. Las cuatro restantes están repartidas en centros de acogida de Sevilla y Bormujos, localidad del área metropolitana de Sevilla.
La Junta debería haber concedido respaldo social, psicológico y económico cuando la familia le solicitó.
Según nuestro criterio, la Junta debería haber concedido respaldo social, psicológico y económico cuando la familia le solicitó. También debería haber ofrecido ayuda ante los problemas depresivos de la madre con intentos de suicidio. En su lugar de decidió ubicar a las niñas en centro de acogida.En cuanto a la solvencia económica del padre, esta quedaba demostrada como vendedor de aceite de oliva.
La querella ha sido admitida por el juzgado de Sevilla por la presunta falsificación de documentos públicos. La denuncia también se ha presentado en el juzgado de instrucción 19 de Sevilla por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y estafa procesal. Esta se habría producido cuando la Junta le retiró la custodia y la patria potestad de sus hijas.
